La voz de la Amazonía: pueblos indígenas reconocidos, sociedad civil aún silenciada

Avances y pendientes tras la V Cumbre de Presidentes Amazónicos

Bogotá, agosto 22 de 2025.

La V Cumbre de Presidentes Amazónicos dejó un mensaje ambivalente: mientras se celebró la creación del Mecanismo Amazónico de Pueblos Indígenas (MAPI) como un avance histórico, la ausencia de un espacio formal para la sociedad civil en la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) sigue siendo una deuda pendiente.

Por primera vez en 45 años, los pueblos indígenas cuentan con un canal de diálogo directo con los gobiernos amazónicos. Este reconocimiento no es menor: implica aceptar que sus sistemas de gobierno y sus saberes ancestrales son fundamentales para la conservación de la Amazonía. Sus comunidades han sido guardianas de los bosques, ríos y territorios frente a amenazas crecientes como la deforestación, la minería ilegal y la violencia.

Sin embargo, la decisión de no crear un Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil genera gran preocupación. Más de 450 redes y colectivos respaldaron esta propuesta durante los Diálogos Amazónicos, convencidos de que sin la participación ciudadana organizada no es posible enfrentar los desafíos de la región. Los aportes de la sociedad civil —desde sistemas de monitoreo comunitario hasta alternativas productivas basadas en la sociobiodiversidad— son esenciales para diseñar soluciones reales y efectivas.

La urgencia de una Amazonía libre de combustibles fósiles

Otro de los grandes retos que se pusieron sobre la mesa en esta cumbre es el camino hacia una Amazonía libre de combustibles fósiles. La región sigue siendo un territorio altamente presionado por la exploración y explotación petrolera y gasífera, actividades que no solo generan emisiones que alimentan la crisis climática, sino que también dejan a su paso graves impactos sociales y ambientales.

La extracción de hidrocarburos en la Amazonía ha significado contaminación de ríos con derrames de crudo, pérdida acelerada de biodiversidad, afectaciones a la salud de comunidades locales y desplazamientos forzados. Además, estas actividades se han convertido en una amenaza directa a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, cuya supervivencia depende de la integridad de sus territorios. Diversos estudios científicos y comunitarios han señalado que mantener la Amazonía como un sumidero de carbono vital para el planeta exige detener nuevas concesiones de exploración petrolera y promover una transición energética justa y sostenible.

En este contexto, avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete los derechos de la naturaleza y de los pueblos implica escuchar las voces de quienes desde hace décadas exigen que la Amazonía esté libre de combustibles fósiles. El llamado es claro: no puede haber justicia socioambiental mientras se sigan expandiendo las fronteras extractivas.

Lo que se espera rumbo a la COP30

De cara a la COP30 en Belém, este vacío en la participación de la sociedad civil se vuelve aún más relevante. La credibilidad de la OTCA y de los gobiernos amazónicos dependerá de su capacidad para construir mecanismos inclusivos, permanentes y vinculantes. Reconocer a los pueblos indígenas fue un paso necesario; ahora falta garantizar que la sociedad civil también tenga un asiento en la mesa de decisiones y que los compromisos incluyan medidas concretas para frenar la expansión de los combustibles fósiles en la región.

En palabras recogidas durante los diálogos regionales: “Se requieren políticas públicas efectivas: regular el uso del agua en la agricultura y promover cultivos de bajo consumo; educar para conservar, con campañas que muestren el impacto del ahorro de agua en la vida diaria; y recuperar nuestros cuerpos de agua”. Este tipo de propuestas reflejan que la sociedad civil no solo exige ser escuchada, sino que además aporta rutas claras para transformar la gestión ambiental de la Amazonía.

La Amazonía está en un punto de inflexión: puede ser un territorio que impulse la transición hacia un modelo sostenible o continuar como una de las fronteras más afectadas por el extractivismo. La decisión de los gobiernos tendrá repercusiones globales, pues de la salud de esta región depende en gran medida la estabilidad climática del planeta.

La justicia socioambiental no puede construirse a medias. La defensa de la Amazonía exige escuchar y reconocer a todas las voces que la habitan y la protegen día a día. Ninguna política será legítima ni sostenible sin la fuerza y el compromiso de la sociedad civil amazónica.

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